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05/12/2016 / José Quintás Alonso

Propuesta cara a las elecciones del 26 de Junio

Considerando que los políticos españoles aprobaron hace diez años la Ley Integral contra la Violencia de Género (LIVG) y que dicha Ley consagra de facto dos principios discriminatorios bajo pretexto de eficacia, a saber: “principio de trato asimétrico” y “principio de inversión de la prueba”.

Considerando que la corrupción política es uno de los problemas más graves que los ciudadanos españoles dicen tener y para ello basta ver los resultados de la encuesta del CIS (Apartado 7A):

 

Barómetro CIS Dic 2015 Ene 2016 Feb 2016 Marzo 2016 Abril 2016
Corrupción y fraude 38,8 39,2 47,5 44,0 47,8
Violencia contra la mujer 1,2 1,3 1,6 1,4 0,8

 

Considerando que en la próxima legislatura, si nuestros políticos consiguen formar Gobierno, elaborarán una Ley Integral contra la Corrupción y el Fraude (LICF)

 

Pido a los Secretarios/as de los partidos políticos españoles y a todos sus afiliados y afiliadas, que actúen para que se apliquen ambos principios con carácter general y especialmente, a los cargos electos ( Ayuntamientos, Autonomías, Congreso, Senado y europarlamentarios españoles).

 

Los políticos electos españoles han aprobado ambos principios (“principio de trato asimétrico” y “principio de inversión de la prueba”) y los han aprobado democráticamente en la citada LIVG; han hecho realidad el sueño de Mezger (dos Derechos penales). Lo han hecho ellos, no quien hace esta petición.

Personalmente me repugna la existencia de ambos principios en nuestro ordenamiento legal, pero si los aplican en la LIVG pueden aplicarlos a los políticos electos, en la futura Ley Integral contra la Corrupción y el Fraude. De esta forma, todo político electo, ante una acusación de corrupción, debería demostrar que es inocente; de igual modo, las medidas preventivas incluirían la detención, las penas serían más duras que si no fueran políticos electos y podrían gozar de juzgados “especiales sólo para políticos acusados de corrupción y fraude en proceso de demostrar su inocencia” ( En España, en 2015 hay 106 juzgados específicos para hombres acusados de violencia de género en proceso de demostrar su inocencia). Los políticos electos serían tratados exactamente igual por la LICF, que los varones heterosexuales lo son por la LIVG.

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